Predictamen sobre tierras amazónicas propone aprobar proyecto de Fuerza Popular; comisión acuerda mesa técnica

Un predictamen elaborado en la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados, fechado el 26 de octubre de 2026, recomienda aprobar el Proyecto de Ley 00088-2026-2031-CD, denominado Ley de Desarrollo Sostenible de las Actividades Agrarias en la Amazonía. La iniciativa fue presentada el 24 de agosto de 2026 por parlamentarios de Fuerza Popular, entre ellos Royser Castro Grández y Jaime Américo Abensur Pinasco, y fue derivada a las comisiones de Desarrollo Agrario y de Medio Ambiente y Sostenibilidad.

Importante: un predictamen favorable es una propuesta de dictamen, no la aprobación definitiva de una comisión ni la promulgación de una ley. Según la comunicación oficial del Congreso del 26 de octubre, la Comisión de Medio Ambiente acordó por unanimidad realizar una mesa de trabajo técnica, con opiniones de los sectores de ambiente, cultura y otras entidades vinculadas a la protección de la Amazonía. La nota oficial no anuncia una aprobación del predictamen.

El documento de trabajo recoge como antecedente el segundo texto sustitutorio de los proyectos 09653/2024-CR y 10700/2024-CR, promovidos en el periodo legislativo anterior. Asimismo, examina la Sentencia 88/2025 del Tribunal Constitucional, emitida el 25 de febrero de 2025, que declaró inconstitucionales dos disposiciones transitorias de la Ley 31973 relacionadas con la zonificación forestal y la consulta previa.

¿Qué propone el registro REPAAS y por qué importa el corte de 2024?

El predictamen plantea crear el Régimen de Promoción de las Actividades Agrarias Sostenibles en la Amazonía (REPAAS), administrado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y con una vigencia de cinco años. Para registrarse, los productores tendrían que acreditar que su actividad agraria en la parcela comenzó, como máximo, el 31 de diciembre de 2024.

Esta fecha merece especial atención: frente a referencias previas de cobertura boscosa al cierre de 2020, el nuevo mecanismo permitiría incluir actividades iniciadas entre 2021 y 2024. Sin embargo, la inscripción en un registro de acompañamiento no equivale por sí misma a obtener un título de propiedad ni a convalidar una ocupación ilegal. La propuesta contempla orientación para la formalización rural, asistencia técnica y posibles programas de financiamiento, sujetos a los requisitos y evaluaciones correspondientes.

Diferencias entre la propuesta original y el texto sustitutorio

La versión inicial del proyecto de Fuerza Popular planteaba que la inscripción en el REPAAS fuera de aprobación automática. También contemplaba que, en determinados terrenos amazónicos sin cobertura boscosa al cierre de 2020, la aprobación de un mapa por decreto supremo permitiera prescindir de una nueva Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM) individual.

La CTCUM es una evaluación técnica que determina qué usos admite un suelo según sus características. En la Amazonía, que una parcela haya perdido su cobertura forestal no significa necesariamente que sea apta para un uso agrícola intensivo: podría tratarse de suelo con vocación forestal o de protección.

El texto original proponía, además, modificar siete artículos de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y modificar la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, con disposiciones sobre determinadas zonas inundables de la Amazonía Baja destinadas a agricultura tradicional.

La Gerencia Regional de Agricultura del Cusco, mediante el Informe Técnico 133-2026-GR-CUSCO/GERAGRI-SGPARN del 21 de setiembre de 2026, formuló observaciones sobre los riesgos de reducir las exigencias de clasificación de suelos. Entre los potenciales efectos mencionados en el predictamen figuran la degradación del suelo, la pérdida de cobertura boscosa, la fragmentación de hábitats y las superposiciones con territorios de comunidades nativas.

El texto sustitutorio descrito en el predictamen suprime las modificaciones expresas a las leyes Forestal y de Recursos Hídricos, indica que la identificación cartográfica no reemplaza la zonificación forestal ni la clasificación de tierras e introduce una evaluación previa para acceder al REPAAS. También establece que no se modifica la naturaleza jurídica de los cuerpos de agua y las fajas marginales.

Por tanto, resulta necesario diferenciar las disposiciones de la iniciativa original, las del predictamen y las que eventualmente llegue a aprobar el Congreso.

Falta de opiniones sectoriales y decisión de convocar una mesa técnica

De acuerdo con el documento de trabajo, la comisión solicitó opiniones al Ministerio del Ambiente (MINAM), al MIDAGRI, al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y al Ministerio de Cultura el 9 de setiembre de 2026. La sección 6.3 del predictamen señala que, al momento de su elaboración, no se habían recibido las respuestas de esas entidades para el proyecto actual; en cambio, se recurrió a antecedentes de 2025 y a observaciones procedentes de direcciones regionales agrarias.

La situación fue abordada públicamente el 26 de octubre de 2026. De acuerdo con el Centro de Noticias del Congreso, varios diputados señalaron que todavía faltaban opiniones técnicas y que la cuestión de la consulta previa seguía pendiente. Frente a ello, la Comisión de Medio Ambiente acordó una mesa de trabajo técnica, en lugar de comunicar la aprobación del predictamen.

Durante la sesión, el diputado Jaime Abensur sostuvo que el proyecto excluye expresamente las áreas naturales protegidas y las reservas indígenas. Otros legisladores reclamaron mayores garantías ambientales y un papel determinante de la autoridad forestal.

Implementación sin presupuesto adicional

Según la Novena Disposición Complementaria Final del texto sustitutorio descrito en el predictamen, su implementación —incluyendo cartografía, verificación de parcelas y control de alertas de deforestación— se financiaría con el presupuesto institucional vigente de las entidades involucradas, sin requerir recursos adicionales al Tesoro Público.

Queda por establecer cómo se ejecutarían y supervisarían esas funciones con los recursos disponibles. La discusión legislativa deberá precisar también las salvaguardas ambientales, la relación con la zonificación forestal y la protección de los derechos de los pueblos indígenas.

Estado del trámite: al 26 de octubre de 2026, el anuncio oficial de la Comisión de Medio Ambiente fue la convocatoria de una mesa técnica. El predictamen analizado no debe confundirse con una ley aprobada.